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joven agricultora


Un Gobierno Autonómico que no tenga por objeto promover el empleo, abordando las cuestiones medioambientales, económicas, sociales y las relacionadas con el mercado de trabajo de una manera integrada, no nos servirá absolutamente para nada.


Asturias es rural hasta la médula. Diez mil verdes kilómetros cuadrados así nos lo recuerdan desde el Cabo de Peñas hasta Braña dos Chagozos, desde Ribadedeva hasta San Tirso de Abres. La comunidad autónoma más montañosa de España y de las más montañosas de toda Europa. Aún así hay personas que ven a su propia tierra como una gran urbe, sin darse cuenta del daño que eso nos hace a toda la asturianía.

Esta entrada es una invitación al Gobierno Regional y a los interlocutores sociales para que lleven a cabo un análisis, un replanteamiento y una reorientación de las políticas aplicadas hasta el día de hoy. Unas políticas, bajo mi modesto punto de vista, totalmente estancadas en el pasado. Tanto o más como el propio nombre de nuestra asamblea legislativa, llamada “Junta General del Principado” en honor a la medieval representación de los concejos ante la Corona.

Quizá el gran peso de los sectores secundarios y terciarios no nos dejan ver la realidad en la que la Asturias Rural se encuentra ahora mismo. Siendo el sector primario el más dañado y olvidado por los diferentes partidos que han gobernado hasta ahora. Una minería agonizante y abocada al cierre inminente, un sector pesquero artesanal que el gobierno no ha sabido defender en Europa como se merece y un gran retroceso en el sector agrícola-ganadero que aún ocupa al 6% de la población activa de nuestra autonomía. La Asturias rural se empobrece.

Nunca es tarde para abordar el reto de promover el empleo y reducir la pobreza en las zonas rurales, pero no sin antes reconocer los verdaderos fallos cometidos por el actual Gobierno autonómico. Fallos de mala gobernanza que son actualmente indicadores del fracaso de la política rural. El más importante es su insistente apoyo a la representatividad política en lugar de la participación pública en la vida política, la ausencia permanente de participación en los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones de interés público, una formulación arbitraria de las políticas agrícolas sin tener en cuenta la incidencia de las decisiones sobre las partes interesadas clave, el público en general y los grupos vulnerables. Una burocracia no sujeta a ningún tipo de supervisión y que actúan en función de sus propios intereses o de algunos colectivos influyentes y no de los intereses del público general. La no reparación de las injusticias y la no garantía de soluciones oportunas y equitativas de los conflictos. Corrupción y abuso de poder que al final han socavado la confianza de toda la asturianía en la vida política.

Todo esto pone al descubierto la mala gobernanza, revelando las debilidades institucionales y casi siempre el poco control que el actual gobierno ha ejercido sobre el territorio astur. Esta mala gobernanza a despertado el malestar social y por ello es momento de crear alianzas, abordar cuestiones nuevas y trabajar con las organizaciones rurales. Porque la agricultura asturiana debe cumplir una función esencial en la transformación de la economía. El crecimiento sostenible del sector es particularmente eficaz para reducir la pobreza. Para aumentar la calidad y la cantidad de la oferta de empleo en las zonas rurales se requiere una buena gestión de la economía política y eso no se ha sabido hacer ni defender.

Por consiguiente, hacen falta enfoques territoriales que creen ventajas competitivas a nivel local y se centren en el logro de una competitividad sistémica. Las ventajas competitivas no se heredan, sino que se crean, de manera que el dinamismo de los empresarios, la intensidad de la competencia local y la capacidad de los actores locales para tomar parte en movilizaciones colectivas eficaces son tan importantes como los recursos naturales y otras ventajas comparativas similares.
Después de tanta crítica en estos párrafos llega la hora de las propuestas de mejora. Como cualquier buen agricultor o agricultora, la preparación del terreno es sumamente importante para obtener el mejor rendimiento de la producción, por ello es necesario promover un entorno propicio para el establecimento de empresas sostenibles en las zonas rurales tanto agrícolas como no agrícolas. Potenciar la mejora en el acceso de las pequeñas agricultoras a las oportunidades de mercado, respaldando su participación en las cadenas de valor nacional y mundial. Atraer y mantener a la juventud a los empleos rurales, mejorar la equidad, la eficiencia y la inclusión social mediante una política tributaria apropiada. Fomentar el acceso a la tierra y su uso productivo, mediante la reforma agraria, la promoción del mercado de arrendamiento de tierras y la prestación de servicios a las pequeñas agricultoras. Fomentar un enfoque de desarrollo económico local , que se apoya en sectores y cadenas de valor específicos, caracterizados por tener fuertes efectos multiplicadores de empleo, como el turismo o el procesamiento de productos agrícolas. Dar prioridad a programas de creación de empleo para los jóvenes y las mujeres de las zonas rurales, que también incluyan el desarrollo de la capacidad empresarial. Fomentar la protección de la maternidad para las mujeres de las zonas rurales.
Son largas y amplias las propuestas que por no extenderme se pueden aplicar, lo que daría para hacer una segunda entrada sobre el tema que ahora estoy tratando de exponer. Por ahora dejo en el aire una pregunta final para el debate: ¿El nuevo Gobierno Autonómico o Local que salga de las próximas elecciones de Mayo qué propuestas van a poner encima de la mesa para mejorar el empleo rural decente, además de qué manera pueden ampliarse y mejorarse la protección social y la inclusión social en las zonas rurales?
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